“Prevención y reducción de daños en consumos problemáticos” Enfoque psicoanalítico
Introducción.
“Hacia un acercamiento a los consumos problemáticos y su abordaje histórico”
Enfoque psicoanalítico.
A mediados del siglo XX, más precisamente a partir de la década de los 70's, empieza a haber una crisis de la autoridad a nivel global, la que conlleva una desinstitucionalización e individualización del sujeto, enmarcado en un sistema capitalista que contempla al consumo como organizador de la sociedad. Anteriormente, eran las instituciones, las creencias religiosas o morales, las que regulaban la vida del sujeto en sociedad, mientras que en la actualidad, la sociedad se ha convertido en una sociedad de consumo en la que prima el tener antes que el ser. En la búsqueda desenfrenada del objeto que colmará la falta, objeto que se supone se encuentra fuera del individuo, y ante el temor a evidenciar el vacío, el ser humano no se permite volver la mirada hacia sí. Los tiempos de ocio generan angustia, y para liberarse de esto, la agenda debe estar repleta de tareas, no solo durante los días laborales, también los espacios de descanso deben coparse. Niños y adultos se programan o son programados de tal manera que no sea visible la falta. Este escenario, finalmente, desemboca en motivos para consumir más, dado que nunca se podrá suplir la falta, y que mientras se la intente negar, esta seguirá reflotando de las formas más variadas posibles, pero con un trasfondo de pulsiones destructivas, desorganizadas, propias del inconsciente.
El paradigma prohibicionista-punitivista adoptó un enfoque de castigo para abordar los consumos problemáticos y las adicciones. En este marco, se tomarán medidas legales en contra de los adictos, como multas o incluso la cárcel. Esta mirada no suele ser efectivo para abordar el problema subyacente de la adicción, sino que al contrario, terminará reforzando el prejuicio que, aun en la actualidad, pesa sobre aquellos que no logran adaptarse de manera “civilizada” a la vida idealizada que nos vende el capitalismo, aquellos que no pueden sublimar la falta y caen en una búsqueda interminable de placer inmediato. El consumismo no es un atributo del individuo, sino de una sociedad mediante la cual se nos direcciona el deseo hacia donde el mercado crea conveniente. El enfoque legal punitivo se centra en castigar, mientras que el enfoque de salud mental busca ayudar a las personas a recuperarse y mejorar su bienestar. Los tratamientos y dispositivos de intervención varían según la elección del enfoque, con el objetivo común de brindar apoyo a quienes enfrentan problemas de consumo.
En este contexto, en la actualidad hubo avances hacia una mirada no hegemónica sobre las problemáticas de consumo. En la nueva ley de Salud Mental (26.657) el foco está puesto en el sujeto, entendido como sujeto de derechos, y su padecimiento es entendido como un problema no solo individual, sino que también de salud pública. Se intenta atender a las adicciones como un síntoma de la sociedad de consumo. Sociedad que el mismo adicto integra, compone, moldea.
Cuando el consumo se vuelve problemático
El consumo se vuelve problemático cuando afecta al sujeto en su rendimiento laboral, en sus relaciones familiares y personales, las cuales se resienten y empiezan a verse afectadas. Debido a cambios en la rutina, conductas temerarias o peligrosas, entre otras razones, es que se puede divisar que se estaría frente a un consumo problemático que, de no ser tratado, pueda derivar a una adicción, con consecuencias graves en el organismo del sujeto, tanto a nivel neurológico como psicológico, además de físico.
Bajo esta perspectiva, el consumo no debe ser tomado como algo lineal y permanente, sino como un proceso en constante cambio, con avances y recaídas, las cuales servirán para historizar y re-significar el padecimiento, en búsqueda de una mejoría que parta de la toma de conciencia del sujeto.
La estigmatización como apoyatura a una a-dicción arraigada a la cultura del consumismo.
En "El Malestar en la Cultura", Freud indicaba el carácter de quitapenas que revisten las drogas, ubicándolas como uno de los tres modos de hacer algo con el malestar inherente a la cultura. Como lo explica en su texto, hay sujetos que utilizarían las sustancias tóxicas para hacerle frente a este malestar y sufrimiento. Ya sea adormeciendo los órganos de los sentidos o promoviendo sensaciones placenteras, las drogas cumplirían una función: rehuir del malestar que genera la vida con otros. Aparecen como formas de satisfacción sustitutivas para evitar el displacer y el dolor psíquico. Entendido así, las drogas facilitan al sujeto poder escapar del peso de la realidad, refugiándose en un mundo que ofrece mejores condiciones de sensaciones, eludiendo o aliviando el dolor a través de la intoxicación. De esta manera, la droga funciona como sustituto de la represión. El sujeto intentaría con ella no pensar y a la vez separarse de aquello que lo angustia.
Desde mi experiencia, he observado grandes dificultades en el abordaje de casos de consumos problemáticas y adicciones. Por un lado, porque tenemos un estado que, si bien tiene la obligación de regirse por la nueva Ley de Salud Mental, con perspectiva en los derechos humanos, no termina de plasmar dicho enfoque en acciones tangibles, como pudieran ser campañas de prevención, trabajo de campo en diferentes contextos sociales, como villas o eventos de música y ocio, entre otros. Por otro lado, el hecho de que siga rigiendo una mirada hegemónica sobre las adicciones y los adictos, deja un vacío que en el abordaje, ya sea del personal especializado, como también de la comunidad que aloja a los sujetos con estas problemáticas. Existe un imaginario colectivo que agrupa prejuicios acerca de las motivaciones (y desmotivaciones) de los adictos. La falta de control de sus impulsos muchas veces es tomada como una resistencia a la autoridad, remarcando el carácter de peligrosidad del adicto, pero sin admitir que, a su vez, esta estigmatización social e institucional es la que dificulta la rehabilitación de los sujetos en situación de consumos problemáticos.
Los dispositivos de intervención en adicciones
El paradigma de la nueva ley de Salud Mental (26.657) se centra en ayudar a las personas con consumos problemáticos desde una perspectiva de salud integral y de bienestar. La ley dice que se debe promover el acceso a tratamientos y servicios de salud mental especializados en la problemática. Los tratamientos propuestos incluyen terapia individual y grupal, internaciones y la posibilidad de utilizar medicamentos si el caso lo requiere. Los dispositivos de intervención en este proceso pueden variar. Por ejemplo, las comunidades terapéuticas ofrecerán un entorno residencial para la rehabilitación, mientras que los tratamientos ambulatorios permitirán al sujeto, asistir a terapia y tener acceso al servicio de salud pública, con la diferencia de que en estos casos, no se ingresa a una instalación de tiempo completo. El modelo integral socio-comunitario involucrará a la comunidad en el proceso de recuperación, intentando abordarlo de forma integral, desde un enfoque socio comunitario.
Ley de Drogas en Argentina
En 1989 en Argentina se sancionó la Ley de Estupefacientes 23.737, la cual intervino la problemática social mediante cambios como:
➢ La creación de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)
➢ La sanción de la tenencia de drogas para uso personal, incluso con penas privativas de libertad, lo que cosechó críticas de expertos por legislar con mayores restricciones que las sugeridas por las convenciones internacionales.
➢ Mantuvo las “medidas de seguridad” de la normativa penal anterior, dando una opción “curativa” a las personas “dependientes” y una opción “educativa” para “principiantes o experimentadores” como “alternativa” para evitar la privación de la libertad. Así, cristalizó el estigma hacia las personas usuarias, ubicándolas en la doble condición de delincuentes y enfermas.
➢ Aumentó las penas por tráfico de estupefacientes y sumó la polémica figura penal de la “tenencia simple”.
➢ Invirtió la carga de la prueba, obligando a las personas a probar que no son delincuentes, a contramano del principio de inocencia y exigiendo que de las pruebas deba surgir “inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
Además de estos cambios, la 23.737 sostiene un paradigma prohibicionista-abstencionista que orienta los recursos del estado a la persecución de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, judicializa a personas por conductas privadas de consumo personal que deberían ser ajenas a cualquier criminalización.
A 35 años de la creación de la Ley de Estupefacientes, en Argentina se hace evidente la necesidad de revisarla y reformular una nueva ley que contemple el contexto actual, las nuevas sustancias y sus adulterantes, que representan un alto grado de peligrosidad nunca antes visto. Que contemple también el contexto socio-económico que vulnerabiliza a una sociedad que no puede más con la angustia del desconcierto palpable de políticas de estado contradictorias, y en la que se separen los asuntos legales acerca del narcotráfico, y la problemática de salud pública que implica que cada vez más los niños, adolescentes y adultos presenten este tipo de consumos, alentados por un sistema económico que arrasa con lo más singular del ser humano, como si buscara transformar a los sujetos en actores secundarios de una maquinaria que no se detiene nunca, como si se tratara no de personas, sino de robots, en lugar de ser seres sintientes, tomados como seres inanimados, alienados, sin elecciones.
El rol del SEDRONAR
La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina es el organismo a cargo de coordinar políticas públicas enfocadas en la prevención, atención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias. Sin embargo, no se ve desde hace décadas, ninguna campaña de prevención fuerte, siendo que hubo varias muertes por consumos problemáticos en diferentes fiestas electrónicas, como también en villas de emergencia, y sumado a esto, la corrupción de las drogas en circulación, que cada vez se presentan con más adulterantes, los cuales a la vez, son cada vez más peligrosos. En este contexto, el SEDRONAR no ha resuelto ninguna política ni ha realizado ninguna campaña de prevención, no ha promovido información efectiva sobre nuevas sustancias o hábitos de riesgo, siendo el paradigma prohibicionista el que aún rige desde las entrañas de una sociedad, que prefiere seguir tapando en lugar de arreglar el problema de forma estructural.
10 argumentos para reformar la Ley de Drogas en Argentina
- No cumple con sus objetivos. La Ley de Drogas debería ocuparse de la Salud Pública, el bien jurídico que nació para tutelar. Sin embargo, la criminalización como riesgo, los prejuicios y el estigma ponen barreras de acceso al sistema sanitario y al pleno goce del derecho a la salud.
- No respeta los derechos humanos. Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero tanto a nivel global como en Argentina, la legislación sobre drogas no respeta los derechos humanos. La 23.737 obstaculiza el ejercicio de derechos como el de elegir y desarrollar libremente tu proyecto de vida, el derecho a la salud y el derecho al acceso y la difusión de información, entre muchos otros.
- Prohíbe educar sobre drogas. Entre el conglomerado de conductas que la ley de drogas penaliza, se encuentran una serie de figuras penales que limitan la difusión y el acceso a información clave sobre drogas, que podrían marcar la diferencia entre un uso responsable y uno problemático. Concretamente, hablamos de la “preconización” (Art. 12 inc. A) que se reprime con penas de 2 a 6 años de prisión y la difusión de instrucciones para la “producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes” (Art. 28), con penas de 2 a 8 años de prisión.
- Aumentó el encarcelamiento con penas desproporcionadas direccionadas selectivamente hacia personas pobres, mujeres y disidencias sexuales. La cantidad de personas presas por delitos de drogas creció exponencialmente en los últimos años y con un criterio selectivo a la hora de encarcelar a personas pobres, mujeres y disidencias sexuales.
- Criminaliza y patologiza a las personas que usan drogas, causando problemas a personas que no los tienen. La criminalización de la tenencia aun para consumo personal promueve la detención de personas usuarias de drogas y en muchos casos el inicio de una causa judicial, con las consecuencias que esto acarrea en la vida de una persona. Por esto, uno de los principales daños que puede ocasionar el uso de drogas, aun sin ser problemático, es el de terminar preso, lo que inevitablemente significa una marca de por vida, un estigma que la sociedad aún no está pudiendo destituir. ¿Un consumo problemático se resuelve con criminalización? ¿Aporta a un usuario responsable o no-problemático la patologización que implican las medidas de seguridad curativa o educativa?
- Proliferaron negocios clandestinos asociados a los tratamientos por consumos problemáticos Los tratamientos que la ley 23.737 impone a usuarios judicializados, obligándolos a realizar “medidas curativas” para lograr su “reinserción social”, ha colaborado a la saturación actual de las instituciones destinadas a los tratamientos por consumos problemáticos. Sea que atraviesen realmente una problemática de consumo o que simplemente hayan sido judicializadas por tenencia para consumo personal, muchísimas personas quedan expuestas a ser víctimas de las redes de explotación y encierro encubiertas en “centros de rehabilitación” que abundan en todo el país.
- Provocó la adulteración generalizada en los mercados ilegales Al prohibir la producción de ciertas sustancias, la ley de drogas ha generado un mercado ilegal en donde el crimen organizado es quien establece los estándares y controles de calidad, resultando en un aumento de las muertes y problemas de salud para los consumidores. Las casi 30 muertes durante febrero de 2022 en la localidad de San Martín del conurbano bonaerense asociadas a la adulteración de cocaína, agrandan la enorme y creciente lista de personas que perdieron su vida como consecuencia del abordaje de la 23.737.
- Incrementó la violencia y la corrupción La disputa por el control de los mercados de drogas ilegalizadas por la ley 23.737 ha incrementado los conflictos y enfrentamientos violentos entre grupos involucrados en el tráfico ilegal. En nuestro país, pero también a escala global, este proceso también se ve reflejado en el aumento de los niveles de corrupción política, policial, judicial y del sistema financiero, fundamentales para amparar el funcionamiento y reproducción de los mercados de drogas prohibidas.
- Entorpece la elaboración de estadísticas de calidad El estigma social y el temor a las consecuencias legales disuaden a las personas usuarias de drogas de participar en encuestas o de hacerlo brindando información precisa. Por otro lado, las barreras legales, el escaso apoyo financiero para investigación sobre drogas limita la capacidad de recopilar y analizar datos de manera adecuada, a la vez que desalienta la formación de expertos en la materia. De esta manera, se crea un vacío en nuestra comprensión de los mercados de drogas y de las personas que las consumen, socavando la calidad de las estadísticas.
- Retrasa la investigación científica sobre usos terapéuticos de sustancias ilegalizadas El enfoque punitivo de la ley de drogas, basado en negar dogmáticamente cualquier utilidad terapéutica de las sustancias que ilegaliza, ha constituido durante décadas un obstáculo para la investigación científica de las propiedades potencialmente aprovechables para la salud. De esta manera, no solo se dificulta el acceso a estas sustancias a quienes las necesitan, sino que también se bloquean importantes avances en áreas como la medicina y la psicoterapia, donde algunas de estas sustancias podrían tener aplicaciones.
¿Qué es el modelo de reducción de daños?
En una primera aproximación teórica, la reducción de daños es un dispositivo que ofrece políticas, programas y prácticas que pretenden minimizar los impactos negativos, sanitarios, sociales y legales asociados al consumo de drogas psicoactivas legales e ilegales, sin la obligatoriedad de disminuir la ingesta o alcanzar la abstinencia. Profundizando en lo que esta definición implica, puede resultar polémica, al reconocer que algunas formas de uso de sustancias (legales e ilegales) son más seguras que otras. Esto choca con el paradigma prohibicionista que aún sigue vigente en la cultura institucional, por lo que sugiere un conflicto entre diferentes posiciones. ¿Qué implicancia tiene que sea el estado el que controle, regule, promueva y prevenga todo lo relacionado con las drogas sintéticas y su uso, tanto recreativo como problemático? Aceptar que la droga es una problemática de salud pública, como también entrar en un terreno más complicado, el de la regulación del narcotráfico. Pero volviendo a la tarea de informar al usuario o consumidor de sustancias, es importante establecer una diferencia entre la posibilidad de acceder a información sobre sustancias y sus usos, y la promoción de dichos consumos. La falta de regulación condena a miles de personas a perder la vida, al no tener acceso a información precisa sobre lo que están consumiendo. Este hecho está a la vista, y por más que se intente instalar que la reducción de daños incita al consumo, la verdad es que el consumo antecede a cualquier dispositivo de prevención, el cual, de hecho, surge a raíz de este, y no en viceversa.
Conclusiones
Así como en su momento hubo que aclarar que la cuestión de fondo acerca de la legalización del aborto, no era si estar a favor o en contra de su práctica (aborto sí o aborto no), sino que se trataba de una postura legal frente a la práctica (aborto legal o ilegal), en el caso de las drogas y la reducción de daños, hace falta aclarar algo similar: el debate no debe pasar por si se acepta o no el consumo, ya que, al igual que pasa con el aborto, como con tantos otros fenómenos culturales, es evidente que seguirá existiendo el uso voluntario de drogas, que se da en todos los niveles sociales y en todos los rangos etarios, con diferenciación de las sustancias que estén al alcance de los usuarios, siendo también evidente que a mayor poder adquisitivo, habría acceso a sustancias menos adulteradas (aunque esto no se pueda garantizar, ya que al ser ilegales, no se les puede hacer un control de calidad), mientras que en la clase baja, suelen darse los peores casos de sustancias adulteradas y condiciones de consumo que signifiquen mayor riesgo para la salud, ya sea por falta de higiene de instrumentos utilizados como también por darse en contextos habitacionales muy desfavorables, o directamente en situación de calle.
Desde un enfoque psicoanalítico y sociológico, se hace evidente que no alcanza con tener un organismo que dícese abordar la problemática, pero en los hechos no se ven, desde hace varios años, ni campañas, ni acciones destinadas a la prevención y el tratamiento de las adicciones y los consumos problemáticos. Somos una sociedad de consumo, eternamente atada a la falta y a la búsqueda de satisfacción, in crescendo, sumado a que tenemos por delante un panorama poco alentador, de tintes distópicos, donde, de seguir en la misma dirección, empezaremos a ver que el malestar se vuelva cada vez más grande, más fuerte, más pulsional. A vistas que esta problemática lejos de mejorar, está en creciente avance, y entendiendo que aún se convive con el paradigma punitivista enmarcado en la Ley de Estupefacientes, la cual es, como mínimo, deficiente, está desactualizada y no abarca el problema en sí, ya que prohibir tanto el consumo como la reducción de daños, no hace otra cosa que seguir "tapando", lo que termina en una a-dicción institucional paradójica. Y sobre todo, la realidad deja en evidencia que el consumo sigue en crecimiento, siendo cada vez más temprano el inicio en la vida de niños y adolescentes, lo que trae problemáticas de todo tipo, las cuales el sistema actual no está pudiendo atender ni mucho menos resolver.
La reducción de daños como alivio al malestar en la cultura.
Por esto mismo, creo que sería conveniente considerar el ampliar la mirada y entender que, por el contexto, urgen políticas que además de la prevención, se encargue de reducir los daños que dicha sociedad provoca en los consumidores, con el fin de evitar más muertes generadas por falta de información y ausencia del estado, ya que no se estaría cumpliendo con el rol de un estado que debe estar presente y promover la salud integral de la población. Urge poner el foco en cómo cuidar al usuario, por medio de información, educación, regulación y contención social. La idea es plantear la necesidad de abarcar la problemática desde la reducción de daños, ya que proponer que se evite el consumo, en este contexto y sin políticas claras, ni una mirada integral del problema, termina siendo algo estéril, lo que permite que se sigan haciendo negociados que, muy ingenuo sería de nuestra parte, el suponer que los gobiernos, las instituciones y los organismos involucrados, no se estén dando cuenta que existe.
Rol del Acompañamiento Terapéutico
La figura del AT toma importancia al funcionar como facilitador de información y recursos para mejorar la calidad de vida del acompañado. También permite hacer de puente entre el sujeto y su entorno. Su rol principal es el de proporcionar herramientas para recobrar los lazos sociales del sujeto. Se buscará ser apoyo y sostén durante el proceso de rehabilitación, ayudando al sujeto a trazar objetivos y proyectos de vida saludables. Bajo esta perspectiva, el consumo no debe ser tomado como algo lineal y permanente, sino como un proceso en constante cambio, con avances y recaídas, las cuales servirán para historizar y re-significar el padecimiento, en búsqueda de una mejoría que aorta de la toma de conciencia del sujeto. Si pensamos que, como dice Freud, la cultura es el antagonismo a la felicidad del hombre, pues reprime sus deseos o pulsiones, y que el sujeto es sujeto del/al inconsciente, pero también a la cultura, es fundamental pensar en el rol que cumplen quienes trabajan en el campo de la salud mental, pues se presentan cada vez más problemáticas de consumos, teniendo en cuenta que existe un marcado sometimiento de la civilización a las necesidades económicas, las cuales imponen un pesado tributo tanto a la sexualidad como a la agresividad, a cambio de un poco de seguridad imaginaria. Entonces, en el encuentro con un otro, en la alteridad de la vida en sociedad, se pueden pensar dinámicas que sirvan de apoyo y contención para adictos y demás sujetos padecientes de la sociedad.
Bibliografía:
- María del Pilar Bolpe. “El lugar de las adicciones en la nueva ley de salud mental. Breve revisión histórica y consecuencias en la práctica.”
- Sigmund Freud. “El malestar en la cultura.” (1930)
- Adriane de Freitas Barroso. "Sobre la Concepción de Sujeto en Freud y Lacán" (Facultad Presidente António Carlos, Barbacena, MG, Brasil)
- Ley Nº 23.737 del Código Penal. Ley de Drogas. 21 septiembre de 1989. Argentina.
- Ley Nº 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental. 25 de noviembre de 2010. Argentina.
- Entrevistas a María Inés González Castro, fundadora de “Chill & Safe” Página 12
- Tabaré Echeverría y Patricio Liddle. “10 argumentos para reformar la Ley de Drogas en Argentina.”
- Damin, C. F., y Arrieta, E. M. (2017). ¿Qué es la reducción de riesgos y daños? El Gato y La Caja.
- “ARDA: militancia por una política de drogas más justa, humana y eficaz.”
- Bárbara Goldestein. “Cultura del consumo y subjetividad adictiva.”
